Según un informe de la Veeduría Ciudadana, que fue presentado ayer al contralor del Estado, Carlos Pólit, “el presidente Rafael Correa sí conoció que su hermano, Fabricio, tenía contratos con el Estado” mucho antes del escándalo público.
En el informe de 94 páginas la Veeduría Ciudadana, integrada por el Consejo de Participación a finales de 2009 por pedido del Primer Mandatario, señala además que las empresas relacionadas con el hermano del Presidente recibieron unos 700 millones de dólares en contratos, según destacó ayer la página web de El Comercio.
Los miembros de este órgano de investigación, Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo, acudieron a la Contraloría y entregaron la investigación a Pólit. En los documentos se incluyen 15.000 fojas útiles certificadas de entidades públicas sobre las vinculaciones de las empresas de Fabricio Correa con el Estado ecuatoriano.
Lo que ha sorprendido de muchos es que en junio de 2009, cuando se destapó el escándalo, solo se hablaba de 80 millones de dólares en contratos a favor del hermano mayor del Mandatario. En ese entonces, y casi de manera inmediata, Rafael Correa dispuso la finalización unilateral de los contratos de Fabricio, porque según la Constitución ningún pariente del Presidente de la República puede mantener contratos con el Estado.
Pero solo fue verbal
Según el informe de la Veeduría Ciudadana, el pedido de nulidad hecho por el Presidente solo fue verbal, porque en los documentos recogidos por la entidad indagadora no existe ninguno en el que el Gobernante disponga la terminación unilateral de los contratos.
“En derecho público solo se pueden dar disposiciones por escrito, debidamente motivadas y fundamentadas”, puntualiza el documento que ahora está en poder la Contraloría.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado abrió las investigaciones de rigor, el 16 de julio de 2009.
Lo dijeron a la prensa
La Veeduría afirma que el presidente Rafael Correa sí conocía, previamente que su hermano tenía contratos con el Estado, basándose en declaraciones que rindió en ese organismo el ex ministro de Obras Públicas, Jorge Marún, quien dijo que todos los procesos contractuales del Plan Relámpago (incluidos los contratos de Fabricio Correa) fueron conocidos por la Presidencia.
Además existen declaraciones grabadas del presidente Correa en una entrevista con los periodistas Gonzalo Ruiz y Andrés Carrión en Canal 1, así como en el gabinete itinerante en la Joya de los Sachas y en declaraciones a Diario Hoy.
Indagación
Opositor e Intocable
Según Pablo Chambers, miembro de la Veeduría Ciudadana, inicialmente los veedores tenían previsto entregar su informe al Consejo de Participación, pero en cinco oportunidades no fueron recibidos.
Después de la “terminación unilateral de los contratos”, Fabricio Correa se convirtió en uno de sus acérrimos críticos del Mandatario. No obstante, pese a que ha pasado más de un año, la justicia no ha dictado ninguna acción en contra del hermano del Presidente.
En el informe de 94 páginas la Veeduría Ciudadana, integrada por el Consejo de Participación a finales de 2009 por pedido del Primer Mandatario, señala además que las empresas relacionadas con el hermano del Presidente recibieron unos 700 millones de dólares en contratos, según destacó ayer la página web de El Comercio.
Los miembros de este órgano de investigación, Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo, acudieron a la Contraloría y entregaron la investigación a Pólit. En los documentos se incluyen 15.000 fojas útiles certificadas de entidades públicas sobre las vinculaciones de las empresas de Fabricio Correa con el Estado ecuatoriano.
Lo que ha sorprendido de muchos es que en junio de 2009, cuando se destapó el escándalo, solo se hablaba de 80 millones de dólares en contratos a favor del hermano mayor del Mandatario. En ese entonces, y casi de manera inmediata, Rafael Correa dispuso la finalización unilateral de los contratos de Fabricio, porque según la Constitución ningún pariente del Presidente de la República puede mantener contratos con el Estado.
Pero solo fue verbal
Según el informe de la Veeduría Ciudadana, el pedido de nulidad hecho por el Presidente solo fue verbal, porque en los documentos recogidos por la entidad indagadora no existe ninguno en el que el Gobernante disponga la terminación unilateral de los contratos.
“En derecho público solo se pueden dar disposiciones por escrito, debidamente motivadas y fundamentadas”, puntualiza el documento que ahora está en poder la Contraloría.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado abrió las investigaciones de rigor, el 16 de julio de 2009.
Lo dijeron a la prensa
La Veeduría afirma que el presidente Rafael Correa sí conocía, previamente que su hermano tenía contratos con el Estado, basándose en declaraciones que rindió en ese organismo el ex ministro de Obras Públicas, Jorge Marún, quien dijo que todos los procesos contractuales del Plan Relámpago (incluidos los contratos de Fabricio Correa) fueron conocidos por la Presidencia.
Además existen declaraciones grabadas del presidente Correa en una entrevista con los periodistas Gonzalo Ruiz y Andrés Carrión en Canal 1, así como en el gabinete itinerante en la Joya de los Sachas y en declaraciones a Diario Hoy.
Indagación
Opositor e Intocable
Según Pablo Chambers, miembro de la Veeduría Ciudadana, inicialmente los veedores tenían previsto entregar su informe al Consejo de Participación, pero en cinco oportunidades no fueron recibidos.
Después de la “terminación unilateral de los contratos”, Fabricio Correa se convirtió en uno de sus acérrimos críticos del Mandatario. No obstante, pese a que ha pasado más de un año, la justicia no ha dictado ninguna acción en contra del hermano del Presidente.
