Una “larga y oscura noche ciudadana” pretende apagar el sol de la razón revolucionaria, encarcelar sus ideas, someter a la ciencia bajo el dogma de la socialdemocracia. Cotopaxi y el Ecuador entero viven un proceso de autoritarismo gubernamental sin precedentes. Al encarcelamiento de los siete activistas que lucharon contra la gran minería y que fueron condenados a 8 años de prisión; a Marcelo Rivera, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador que sufre una condena de tres años por atreverse a sostener el grito que desde Córdova iniciaron los estudiantes universitarios de América Latina, a José Acacho que se atrevió a pensar y expresarse diferente a través de la radio Arutam, podría sumarse ahora el rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), el ingeniero Hernán Yánez, por el delito de defender la dignidad de nuestra provincia y el derecho de su pueblo a tener una universidad de calidad y comprometida con el desarrollo.
Este martes, a las 08h30, el Tribunal de Garantías Penales, presidido por Luis Balarezo, se reunirá para dictar sentencia en el juicio que el gobierno le sigue a nuestro rector, a partir de las acciones de protesta que la institución realizó en febrero de 2010, para exigir los recursos que por derecho le corresponden y que habían sido negados sistemáticamente por las instancias estatales correspondientes.
Existe el riesgo de que la sentencia sea condenatoria, puesto que esa es la línea de acción del régimen frente a quienes resisten en defensa de la Constitución y los derechos de los pueblos en ella consagrados.
Está claro que el propósito central del régimen y su movimiento político en Cotopaxi es asaltar la universidad, perseguir a los académicos y estudiantes que hasta ahora la han hecho un referente académico, social y político a nivel nacional. Lo que pretenden es apagar la llama rebelde que caracteriza a la juventud de esta provincia, volver a la UTC un apéndice más del régimen, un botín como ahora lo son el sinnúmero de instituciones estatales creadas para que los militantes del movimiento oficialista se enriquezcan y vivan en casas de 195.000 dólares, e incrementen sus ingresos en un 500% en cuestión de meses…
El gobierno hace un seguimiento muy cercano de los procesos instaurados contra el ing. Hernán Yánez, rector de la UTC; Edwin Lasluisa, presidente del Frente Popular; Paúl Jácome, asambleísta alterno por la provincia de Cotopaxi; Xavier Cajilema, concejal de Latacunga y Leonardo Segovia, ex presidente del Tribunal Provincial Electoral. Supone que con ello descabezará a la izquierda, la desmovilizará. Y en esa lógica encaja el afán por apoderarse de la justicia a través de la Consulta Popular mañosa que acaba de aprobar la Corte Constitucional sumisa a Correa.
Luego del 30 de septiembre, la cacería de brujas se destapó en el país. Al puro estilo de la inquisición en la Edad Media se comenzó a buscar a los supuestos golpistas por todos lados. Hasta ofrecieron recompensas a quien los denuncie. Hasta ahora nadie ha podido demostrar que existió realmente un intento de golpe de Estado, o que se haya intentado asesinar al primer mandatario, o que haya estado secuestrado en el hospital de la Policía, el gobierno insiste en tratar de demostrar lo indefendible.
Hernán Yánez y Edwin Lasluisa, junto a Javier Cajilema, Paúl Jácome y Leonardo Segovia son en el caso de Cotopaxi los perseguidos por esos hechos. Se los acusa de algo que jamás ocurrió, negándoles sus derechos de manera absurda.
Es hora de que los cotopaxenses nos unamos firmemente en defensa de la patria, como históricamente lo hemos hecho. Y defendamos en todos los escenarios posibles nuestro derecho a caminar hacia el progreso en equidad y justicia.
