ALAI AMLATINA. Con la resolución aprobada hoy, 30 de junio, por aclamación en la Asamblea General de Naciones Unidas, de condenar el golpe de Estado en Honduras y exigir la inmediata e incondicional restauración del Gobierno constitucional del presidente Manuel Zelaya, se profundiza el aislamiento internacional del gobierno de facto de Roberto Micheletti, que intenta imponer su control del país a la fuerza. El proyecto de resolución fue presentado por 10 países latinoamericanos, a los que se sumaron luego Estados Unidos, Canadá y Colombia, luego de que se aceptara varias enmiendas, incluyendo una que expresa un "decidido respaldo" a los esfuerzos regionales de organismos como la OEA para resolver la crisis.
Esta resolución se suma a las del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que sella las fronteras con su vecino durante 48 horas, de la OEA, del ALBA, del Grupo de Río y de la Unión Europea, entre otros. Ningún gobierno extranjero ha reconocido el régimen de facto.
Al interior de Honduras, entre tanto, éste está lejos de haber asegurado el control. En las distintas zonas del país existe una situación de insurgencia que va en aumento, frente a la cual la respuesta ha sido un incremento de la represión. Las fuerzas militares desalojaron a la fuerza, en la tarde de ayer, a unos 50 mil protestantes que impedían, desde hace dos días, a las nuevas autoridades entrar al palacio de gobierno, dejando un saldo de decenas de heridos/as y unos 25 ordenes de captura.
En la tarde de hoy se han realizado grandes manifestaciones pacíficas en la capital y otras ciudades del país. La gente se está movilizando también del interior del país hacia la capital para reforzar las protestas, y ello a pesar del bloqueo informativo y de las carreteras.
Esta mañana, el frente en Defensa de la Democracia, afín a los grupos que lideran el golpe, convocó a un plantón en el Parque Nacional de la capital, para respaldar al gobierno de facto, donde participaron entre otros funcionarios públicos y trabajadores de varias empresas.
Entre tanto, la población del país enfrenta un bloqueo total de información. Desde las primeras horas del golpe, el día 28, se suspendió por varias horas el suministro eléctrico y servicio telefónico. Varios medios de comunicación independientes han sido intervenidos y sus equipos secuestrados. Se suspendieron las transmisiones de los canales 8 y 36 y de varias radios comunitarias. Algunos periodistas han sufrido atropellos y amenazas.
Mientras tanto, los medios afines al nuevo régimen han dejado al país totalmente desinformado. Unos pocos medios, sobre todo en provincias, comienzan a informar sobre lo que está sucediendo. Según un editorial del diario El Tiempo de Honduras: "nunca se había sufrido en Honduras una violación tan profunda y masiva de la libertad de expresión, debido a la intervención gubernamental, ni en las más oscuras épocas de franca dictadura, y que ahora encierra a la sociedad hondureña en una auténtica burbuja, lo cual constituye un caso incuestionable del protagonismo del ‘latifundio mediático’, en su condición de actor consustancial del golpe de Estado". Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP- emitió ayer un comunicado denunciando las limitaciones a la labor de la prensa y pidiendo el "respeto irrestricto a la libertad de expresión". Pero nada dice de la flagrante violación al derecho de la población hondureño de estar informada sobre lo que sucede en su país, ni de la confiscación de su derecho de ser consultada en una encuesta de opinión.
Esta resolución se suma a las del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que sella las fronteras con su vecino durante 48 horas, de la OEA, del ALBA, del Grupo de Río y de la Unión Europea, entre otros. Ningún gobierno extranjero ha reconocido el régimen de facto.
Al interior de Honduras, entre tanto, éste está lejos de haber asegurado el control. En las distintas zonas del país existe una situación de insurgencia que va en aumento, frente a la cual la respuesta ha sido un incremento de la represión. Las fuerzas militares desalojaron a la fuerza, en la tarde de ayer, a unos 50 mil protestantes que impedían, desde hace dos días, a las nuevas autoridades entrar al palacio de gobierno, dejando un saldo de decenas de heridos/as y unos 25 ordenes de captura.
En la tarde de hoy se han realizado grandes manifestaciones pacíficas en la capital y otras ciudades del país. La gente se está movilizando también del interior del país hacia la capital para reforzar las protestas, y ello a pesar del bloqueo informativo y de las carreteras.
Esta mañana, el frente en Defensa de la Democracia, afín a los grupos que lideran el golpe, convocó a un plantón en el Parque Nacional de la capital, para respaldar al gobierno de facto, donde participaron entre otros funcionarios públicos y trabajadores de varias empresas.
Entre tanto, la población del país enfrenta un bloqueo total de información. Desde las primeras horas del golpe, el día 28, se suspendió por varias horas el suministro eléctrico y servicio telefónico. Varios medios de comunicación independientes han sido intervenidos y sus equipos secuestrados. Se suspendieron las transmisiones de los canales 8 y 36 y de varias radios comunitarias. Algunos periodistas han sufrido atropellos y amenazas.
Mientras tanto, los medios afines al nuevo régimen han dejado al país totalmente desinformado. Unos pocos medios, sobre todo en provincias, comienzan a informar sobre lo que está sucediendo. Según un editorial del diario El Tiempo de Honduras: "nunca se había sufrido en Honduras una violación tan profunda y masiva de la libertad de expresión, debido a la intervención gubernamental, ni en las más oscuras épocas de franca dictadura, y que ahora encierra a la sociedad hondureña en una auténtica burbuja, lo cual constituye un caso incuestionable del protagonismo del ‘latifundio mediático’, en su condición de actor consustancial del golpe de Estado". Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa –SIP- emitió ayer un comunicado denunciando las limitaciones a la labor de la prensa y pidiendo el "respeto irrestricto a la libertad de expresión". Pero nada dice de la flagrante violación al derecho de la población hondureño de estar informada sobre lo que sucede en su país, ni de la confiscación de su derecho de ser consultada en una encuesta de opinión.
