Tomado de El TelégrafoCésar Sacoto, integrante de la Comisión de Auditoría, dice que el país debe suspender el pago de los bonos globales.
Para César Sacoto, integrante de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (Caic), Ecuador sí puede demostrar en las cortes internacionales que parte de la deuda externa que actualmente paga es ilegal e ilegítima.
Sin embargo, el comisionado prefiere guardarse los detalles jurídicos hasta después que el presidente de la República, Rafael Correa, conozca oficialmente el informe de la auditoría de la deuda que elaboró la comisión.
Con este documento, el Gobierno -con el asesoramiento de juristas nacionales y extranjeros- decidirán si el país sigue pagando a los acreedores internacionales o si inicia un proceso judicial para demostrar la ilegalidad de ciertos tramos de la deuda.
Hasta el momento está suspendido el pago de los 30,6 millones de dólares de intereses de los bonos globales 2012 que el país debía cancelar el 15 de este mes. Ecuador se acogió a la mora técnica de 30 días.
¿Cuál es la principal ilegalidad o ilegitimidad que encontraron?
Desde la sucretización de la deuda privada del Ecuador, que la asume el Estado en 1982, comienza un proceso de renegociaciones a través de los cuales se van acumulando obligaciones en grandes paquetes renegociados con lo cual desaparecen los primeros deudores.
Que eran privados…
Sí. Y aparecen convenios generales con nuevas condiciones que las asume el Estado y se va convirtiendo poco a poco un buen margen de la deuda privada en deuda pública, y siempre sometida a las leyes de Nueva York.
¿Estas favorecen a los acreedores?
No tanto, porque según las leyes de Nueva York cuando el capital de una deuda deja de ser pagado durante seis años, la misma prescribe. Después del terremoto en la Amazonia ecuatoriana, que provocó la caída de la producción de petróleo y otros problemas, el país dejó de pagar los capitales y muchas deudas prescribieron, pero todo el paquete prescribía el 31 de diciembre de 1992.
¿Cuál era el monto?
Alrededor de 6.900 millones de dólares. Pero el gobierno de Sixto Durán Ballén emite el 9 de diciembre de 1992 el Decreto 333 autorizando a su ministro de Finanzas, Mario Ribadeneira, y a la gerente del Banco Central, Ana Lucía Armijos, para que vayan a Nueva York y renuncien a la prescripción de esas deudas.
Luego de eso, entre 1993 y 1994, se armó el paquete de los bonos Brady y ahí desaparecieron los deudores privados y primarios, y aparece el Estado como emisor de esos nuevos papeles y se compromete a pagarlos; posteriormente, en el 2000, los bonos Brady pasaron a ser bonos globales.
¿Esto conlleva a la ilegalidad de la deuda?
Es inmoral desde el inicio, por lo tanto es ilegítimo y eso violenta los principios jurídicos del derecho internacional público. Además, hay la necesidad de suspender inmediatamente el pago de todos los tramos de la deuda de los bonos globales, porque son el resultado de una ilegalidad evidente que se produjo en 1992 porque los funcionarios (Ribadeneira y Armijos) no podían renunciar a la prescripción de forma unilateral.
¿Y qué debemos hacer en el ámbito jurídico para respaldar esa decisión?
No podemos ir a la Corte de Nueva York y decir vamos a demandar porque yo no debo. El país debe suspender el pago porque esa deuda está prescrita, entonces los acreedores nos demandan y ahí nosotros debemos presentar la documentación que demuestra la ilegalidad de esos compromisos y, además, exigir el dinero que hemos pagado desde 1992 hasta ahora.
¿Y qué encontraron en los otros tipos de deuda, con el Club de París, los organismos multilaterales?
Hay cosas muy puntuales. Pero en la deuda comercial hay nulidad en todo el tramo.
En el plano de responsabilidad de los funcionarios ecuatorianos, ¿qué sugerencia hicieron?
El Fiscal General de la Nación tiene la palabra porque él tiene la documentación necesaria para iniciar las investigaciones correspondientes y establecer la responsabilidad de cada uno de los vinculados en este asunto.
