Algunas ideas sobre el golpe que nunca fué
Edgar Isch L.
Hay mucho que hablar sobre los acontecimientos de este 30 de septiembre, pero el análisis político debe responder a los hechos y no a afanes de aprovecharlos para justificar posicionamientos e intereses de distintos sectores. La verdad, al final, es revolucionaria porque permite conocer la verdad y actuar adecuadamente para transformarla. El engaño, en última instancia, se desenmascara porque, como diría Lenin, “la realidad es necia”. Ni unos ni otros de los que pretenden aprovechar estos hechos de manera parcial y tergiversada, podrán obtener más que beneficios temporales, pues la realidad del país no se cambia ni con palabras ni con manipulaciones de la información y la verdad.
Empecemos entonces recordando que un golpe de Estado, de los que hemos vivido muchos en América Latina o de los golpes “blandos o institucionales” ahora practicados por el imperialismo, requiere de ciertas condiciones. Lo fundamental, sin duda, es que alguien declare derrocado al gobierno vigente y anuncie quién asume la dirección del país en su reemplazo. En lo ocurrido del treinta de septiembre en Ecuador, esto no sucedió en ningún momento. ¿Cómo puede haber golpe de Estado, si nadie plantea el cambio de gobierno?
Veamos algunos detalles:
Los policías insubordinados ni siquiera presentaron un representante o liderazgo unificado. Antes de la suspensión de los medios de comunicación para tener una cadena nacional de información controlada por el gobierno de Correa, se buscaba voceros y estos no existían, solo policías que daban su opinión personal, en desorden, sin que se visibilice un discurso unificado más alá de la demanda de sus condecoraciones y bonos.
Cuando se presentó un supuesto vocero, lo que él hizo fue plantear un pliego de peticiones y pedir que se suspenda la medida de paralización. Eso, por supuesto no corresponde a un golpe de Estado, sino a una acción huelguística. Sí, una huelga de policías, algo que tal vez solo se dio en un escándalo conocido como el de las “muñecas de trapo”1, pocos años después de la dictadura. Lo que pasa es que en el Ecuador a los policías no se les reconoce el derecho ciudadano a la libre organización y, por tanto, no tienen un sindicato que recoja y exprese sus inquietudes, lo que al menos hubiese unificado su representación.
El propio Presidente de la República señala que se reunió con tres grupos distintos de policías mientras estaba en el Hospital. No con una cabeza, no con un negociador, sino con tres grupos deseosos de hablar del punto central que provocó el levantamiento. Tras uno de ellos, el sargento Marco García informa los avances sin poner nunca en duda la autoridad del Presidente.2
La falta de unidad en la acción es otro hecho evidente. Si se recuerda de declaraciones de policías en Guayaquil y otras ciudades, ellos señalan que lo hicieron porque en el principal cuartel de Quito lo habían hecho. No hay ninguna que hable de una coordinación o planificación.
Mucho más estas características se muestran para el grupo de militares que se tomó la pista del aeropuerto de Quito (y no sus áreas de control y comunicaciones), quienes ni siquiera quisieron hablar con la prensa.
Más allá del tema inmediato de interés, los insubordinados no hicieron ninguna declaración contra el gobierno, ninguna propuesta de cambios políticos y no buscaron temas que les permitan unificar sus demandas con otros sectores sociales. Los golpistas suelen presentarse como los salvadores del conjunto de la sociedad, pero eso tampoco pasó aquí.
Desde el punto de vista simbólico, en un golpe de Estado es obligatorio tomar como el Palacio de Gobierno, para ratificar y demostrar el cambio de poder. Aquí ni siquiera hubo un intento de hacerlo.
De igual manera, es obligatorio tomar el control de los medios de comunicación para informar las órdenes de los golpistas. De esto tampoco hubo el más mínimo intento.
Ni existió la pretensión de anunciar al mundo el cambio de gobierno y buscar aliados internacionales, otra necesidad de cualquier golpe de Estado.
¿Será que las fuerzas de seguridad involucradas olvidaron que un golpe de Estado se planifica? ¿Será que no nombraron a los responsables de tareas básicas como la vocería? O ¿será simplemente que no hubo golpe de Estado y que lo que sí hubo un levantamiento policial cuyas causas y consecuencias deben ser analizadas con seriedad?
Esto explica el desacuerdo del comandante de la Policía, de las Fuerzas Armadas y de muchos sectores del país, especialmente las más nítidas representaciones populares en el Ecuador (el Frente Popular3 y la CONAIE4) de calificar a los acontecimientos como un golpe de Estado. Ello no niega que, a río revuelto, hubo gente de Sociedad Patriótica, el Partido de Lucio Gutiérrez, tratando de aprovechar el momento, pero no hay nada visible ni parcial que indique que dirigieron los acontecimientos y la actuación policial.
Igual ejercicio podemos hacer con la retención del presidente en el Hospital de la Policía. Llegó allí por decisión propia y de su seguridad, la que nunca le abandonó ni fue desarmada; tuvo contacto telefónico y personal sin ningún control; no hubo solicitud de “rescate” ni nada parecido; allí nunca le pidieron la renuncia a su cargo; los policías no usaron nunca la palabra “secuestro”. Ciertamente, no podía salir del edificio, estaba retenido en su interior, algo grave para la máxima autoridad del país y para la línea de mando, pero nada extraordinario en momentos de una protesta de esta naturaleza (los policías levantados tampoco señalaron que no lo dejarían salir del hospital o al menos no hubo una expresión de esa naturaleza que fuera recogida por la prensa). Situaciones de este tipo se han dado en las protestas populares frente a los órganos legislativos, ministros u otras autoridades del continente y, por momentos, por las protestas internacionales contra el G20, la OMC o el Banco Mundial, sin que ello sea calificado de secuestro. El uso de este calificativo tiene más que ver con el afán de sanciones y con la manera en la que en el Ecuador se judicializa la protesta social.
La judialización y criminalización de la protesta son una práctica del gobierno de Correa en los últimos tiempos, en los que se profundiza la derechización del régimen. “La criminalización de la protesta social no es otra cosa que el uso de las leyes, la aplicación del Código Penal para perseguir todas las modalidades de resistencia legítima como el activismo y la protesta social; esta aplicación de la ley ante un acto de resistencia ha sido tomada como un medio para debilitar una acción social y pretende limitar los actos de protesta que se desarrollan en el ejercicio del derecho a la libertad de asociación, expresión y manifestación pacífica. La criminalización de la protesta está siendo usada con una clara intención política de desarticular, desmovilizar, amedrentar y desacreditar a las organizaciones y movimientos sociales.
Consideramos que es abusivo calificar acciones legítimas en el marco de la protesta social, como delitos de sabotaje, terrorismo o contra la seguridad interior del Estado, delitos tipificados en los artículos del 115 hasta el 166 del Código Penal.”5
De hecho, se estima en una centena el número de dirigentes populares (y de izquierda), hoy enjuiciados por cargos tan graves y solo por ejercer el derecho a la resistencia recogido en la Constitución. Entre los perseguidos están los presidentes de la CONAIE y Ecuarrunari, las mayores organizaciones indígenas del país; la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE); múltiples dirigentes campesinos que defienden su agua ante las transnacionales mineras; estudiantes universitarios que defienden la autonomía universitaria. Y, el caso más grave, el presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, detenido ya por casi 10 meses bajo cargos de terrorismo y en un proceso que claramente lo ubica como preso de conciencia.
Ninguno de estos luchadores judicializados ni sus organizaciones pueden ser identificados como de derecha o pro-imperialistas. Ninguno cometió más delito que ejercer el derecho a la resistencia, recogido en el artículo 98 de la Constitución. Se oponen a leyes de continuidad neoliberal, a la falta de diálogo para su aprobación, a la imposición de los puntos de vista presidenciales.
Estos y muchos otros hechos hacen que cualquier comparación con Venezuela o Bolivia sean equivocadas y no permitan un debate fructífero. Ni Chávez ni Evo han dicho que ellos no son antiimperialistas ni anticapitalistas, como sí lo dijo Correa ante Hilary Clinton en su visita al Ecuador; ni presentan los devaneos del gobernante ecuatoriano cada vez más alejado de sus electores y de las organizaciones populares. Por el contrario, su acercamiento a la derecha lo simboliza incluso en el pedido de amnistía a Alberto Dahik, ex vicepresidente impulsor de las mayores contrareformas neoliberales y enjuiciado por peculado y otros delitos comunes.
El levantamiento policial por supuesto puso en cuestión la vigencia de la democracia en el país. Pero también lo ha hecho meses atrás la existencia de una Asamblea Nacional sin determinación propia para legislar, con una mayoría que silencia sus opiniones y solo recoge las determinaciones del Presidente de la República. Precisamente la acción policial se presenta como resultado de un veto presidencial al que se allana la mayoría gobiernista de la Asamblea, rompiendo al igual que en otras leyes cualquier acuerdo o resultados de consulta a los sectores involucrados.
Las organizaciones populares y la izquierda no plantearon nada que las ligue con la derecha que, hay que decirlo, también estaban asustadas del “mal ejemplo” que daba la Policía y el “precedente” intolerable porque deben ser “obedientes y no deliberantes”. Lo que expresaron es el hecho que esta acción se sumaba a las de otros sectores populares, los empleados públicos y las centrales sindicales, contra la conculcación de sus derechos. La tropa policial es también un sector laboral afectado por la situación del país, a pesar de mejoras que efectivamente a tenido en este gobierno. Por no consultarles, se generó un conflicto en torno a “prevendas” que son simbólicas, pues se trata de sus medallas acompañadas de un aporte económico que, según se difundió, suele ser por ejemplo de 1.200 dólares por una vez a los 15 años de servicio.
Los acontecimientos llaman a reconsiderar que la democracia y la soberanía residen en el pueblo y no en el gobierno. La continuidad del giro a la derecha y la prepotencia gubernamental desconocen el papel del pueblo y se distancian de él. El gobierno debe reflexionar incluso considerando que por esta razón no hubo acciones populares de respaldo más que en pocas ciudades y con un número de participantes que debe llevarle a preguntarse. En Quito, el centro de toda acción de respaldo, las estimaciones varían entre 500 y 5 mil personas alrededor del Hospital en el cual estaña el Presidente. Aún las cifras más altas son pequeñas, seguramente menores al número de funcionarios estatales que ingresaron como miembros de Alianza País y, además, no toda esa gente estaba a favor de Correa, sino de la Democracia (ver comunicado de una luchadora al final de este texto).
El rechazo a cualquier intento de la derecha de realizar un golpe de Estado no se discute, y en consecuencia la defensa de la democracia. Pero amplios sectores del pueblo demandan grandes cambios y el cumplimiento de la Carta Constitucional vigente. Es el gobierno el que deberá decidir con quién y a favor de quién gobierna.
Las lamentables muertes, el funesto enfrentamiento militar – policial, las heridas que quedan, confirman que en el Ecuador hay mucho por hacer para lograr el cambio orientado al Sumak Kawsay y el socialismo.
Quito, 2 de octubre de 2010.
Llamado a la unidad por una democracia plurinacional de los pueblos
Un proceso de cambio, por más débil que sea, corre el riesgo de ser derrotado o juntarse a la derecha, nueva o vieja, sino establece alianzas con los sectores sociales populares organizados y se profundiza progresivamente.
La insubordinación de la Policía, más allá de sus demandas inmediatas, desnuda por lo menos cuatro cosas sustanciales:
1. Mientras el gobierno se ha dedicado exclusivamente a atacar y deslegitimar a los sectores organizados como el movimiento indígena, los sindicatos de trabajadores, etc., no ha debilitado en lo más mínimo las estructuras de poder de la derecha, ni siquiera dentro de los aparatos del Estado, lo que se ha hecho evidente por la rapidez con que reaccionó la fuerza pública.
2. La crisis social desatada hoy día también es provocada por el carácter autoritario y la no apertura al dialogo en la elaboración de las leyes. Hemos visto como las leyes consensuadas fueron vetadas por el Presidente de la República, cerrando cualquier posibilidad de acuerdos.
3. Frente a la crítica y movilización de las comunidades en contra de las transnacionales mineras, petroleras y agro-comerciales, el gobierno, en lugar de propiciar el dialogo responde con violenta represión, como lo ocurrido en Zamora Chinchipe.
4. Este escenario alimenta a los sectores conservadores. Ya varios sectores y personajes de la vieja derecha pedirán el derrocamiento del gobierno y la instauración de una dictadura civil o militar; pero la nueva derecha, dentro y fuera del gobierno, utilizará esta coyuntura para justificar su total alianza con los sectores más reaccionarios y a los empresariales emergentes.
El movimiento indígena ecuatoriano, la CONAIE, con sus Confederaciones regionales y sus organizaciones de base manifiesta ante la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional su rechazo a la política económica y social del gobierno, y con la misma energía rechazamos también las acciones de la derecha que encubierta forma parte de un intento de golpe de estado, y por el contrario seguiremos luchando por la construcción del Estado Plurinacional con una verdadera democracia.
Consecuentes con el Mandato de las comunas, pueblos y nacionalidades y fiel a nuestra historia de lucha y resistencia contra el colonialismo, la discriminación y la explotación de los de abajo, de los empobrecidos, defenderemos la democracia y los derechos de los pueblos: ninguna concesión a la derecha.
En estos momentos críticos nuestra posición es:
1. Convocamos a nuestras bases a mantenerse en alerta de movilización en defensa de la verdadera democracia Plurinacional frente a las acciones de la derecha.
2. Profundizamos nuestra movilización contra el modelo extractivista y la implantación de la minería a gran escala; la privatización y concentración del agua, la expiación de la frontera petrolera.
3. Convocamos y nos sumamos a los diversos sectores organizados a defender de los derechos de los trabajadores, afectados por la arbitrariedad con que se ha conducido el proceso legislativo, conociendo que son reclamos legítimos.
4. Demandamos del gobierno nacional a deponer toda actitud de concesiones a la derecha. Exigimos que abandone su actitud autoritaria contra los sectores populares, a no criminalizar la protesta social y la persecución a los dirigentes; ese tipo de políticas lo único que provoca es abrir espacios a la Derecha y crea escenarios de desestabilización.
La mejor forma de defender la democracia es impulsar una verdadera revolución que resuelva las cuestiones más urgentes y estructurales en beneficio de las mayorías. En este camino la construcción efectiva de la Plurinacionalidad y el inmediato inicio de un proceso de revolución agraria y desprivatización del agua.
Esta es nuestra posición en esta coyuntura y en este periodo histórico.
Marlon Santi
PRESIDENTE CONAIE
Delfín Tenesaca
PRESIDENTE ECUARUNAIR
Tito Puanchir
PRESIDENTE CONFENIAE
Olindo Nastacuaz
PRESIDENTE CONAICE
Comunicado de Prensa:
LA LUCHA POR LA VERDADERA DEMOCRACIA, LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS, CONTRA LA PREPOTENCIA Y EL AUTORITARISMO CONTINUA!
Las organizaciones populares, sindicales y sociales integrantes del Frente Popular ante los acontecimientos del 30 de septiembre en el Ecuador, manifestamos:
1.- Los pueblos del Ecuador, las organizaciones populares, amplios sectores sociales venimos defendiendo los derechos y conquistas adquiridos con la lucha y organización a través de la historia del Ecuador y en la Nueva Constitución; derechos que están siendo pisoteados por la política del Gobierno de Rafael Correa, cuyas leyes no corresponden al anhelo de cambio de los pueblos, se contraponen a la Constitución, han sido elaboradas, promovidas e impuestas solo con la opinión y visión del régimen; aprobadas violentado procedimientos parlamentarios, recurriendo a viejas prácticas y maniobras inmorales, ilegales e ilegitimas de los partidos de la oligarquía. Somos muchos los sectores afectados, que ante la actitud de oídos sordos del Presidente Correa y la incapacidad del Asamblea Nacional que no han dado paso a dialogo alguno, nos hemos visto obligados acogernos al derecho a la resistencia, a movilizarnos y protestar para que nuestras demandas sean escuchadas; uno de esos sectores afectados son las tropas de la policía nacional y militar.
2.- Nuestra organización se ha caracterizado por principio en promover la unidad y la defensa de los derechos de los pueblos del Ecuador en su conjunto; por ello nos solidarizamos con la lucha de las tropas policiales y militares, que al verse afectados en sus condiciones laborales y conquistas por la ley de servicio público, como lo estableció el propio Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., reaccionaron en su gran mayoría, en todos los rincones de la Patria, arriesgando sus vidas como lo hacen a diario en un país en crisis donde la delincuencia crece cada vez más, arriesgando su puesto de trabajo que es el sustento de su familia y por encima del temor a las represalias, lo cual demuestra que no ha sido por falta de información o manipulación sino un verdadero descontento de un sector social ante la prepotencia y el autoritarismo.
3.- El Frente Popular defiende la democracia, aun con todas sus limitaciones y luchamos por conquistar la autentica democracia que está basada en la defensa de las aspiraciones, demandas y anhelos de la gran mayoría de ecuatorianos/as y no en el criterio único del Presidente de la República y los Asambleístas que equivocadamente asumen que el haber sido electos en las urnas los convierte en el soberano, dueños de la verdad, yéndose por encima de los derechos de los pueblos.
4.-El país, la comunidad internacional y los pueblos del mundo deben conocer que no habido golpe o intento de golpe de estado alguno, esta idea solo existió en la cabeza del propio Correa y fue difundida a través de los medios de comunicación del Estado que dieron al país una sola versión de los hechos durante varias horas sin permitir que ningún otro medio de comunicación informe de los acontecimientos. La realidad contradice la versión de intento de golpe de estado y habla por sí misma: en ningún momento escuchamos ni se vio intenciones o exigencias que busquen la salida del presidente de su cargo, la tropa policial solo hablaba de sus problemas laborales y pedían la reconsideración de la ley; tampoco hubo sabotaje a las aéreas estratégicas, tomas de instituciones de los poderes del estado, ni nada que signifique un golpe de Estado.
5.- Esta acción de protesta de las tropas policiales y militares se agravó, se desbordó por una equivocada, soberbia y provocadora actitud del Presidente Correa, quien en principio pudo manejar la situación desde el palacio de gobierno como le corresponde, pudo salir en cualquier momento del Hospital de la Policía, lugar en el quiso permanecer por propia voluntad argumentado su necesidad de atención medica y además nunca estuvo incomunicado, lo cual lo hace responsable de no haber dado una salida democrática y política a tiempo para resolver una demanda laboral, que de haber actuado reconociendo los errores en la ley, se hubiera evitado las lamentables e injustificadas pérdidas de vidas humanas y números heridos, la inseguridad de la que fuimos víctimas muchos ciudadanos durante varias horas y el brutal, aventurero e irresponsable operativo militar que puso en riesgo la propia vida del presidente.
6.- No existe razón para que continúe en vigencia el estado excepción, exigimos su inmediata derogatoria.
7.- Ante la actitud prepotente y autoritaria del gobierno, que insiste en no escuchar los justos reclamos de los distintos sectores afectados por las leyes anti populares, la movilización de las organizaciones sociales y populares continua, para demandar de la Asamblea Nacional el rechazo a los vetos del Presidente a la Ley de Servicio Público y a la Ley de Educación Superior y se atienda las exigencias de los sectores populares.
8.- El Frente Popular hace un llamado a la unidad de los pueblos y sus organizaciones para hacerle frente a la política del régimen, generando un amplio debate que recoja las aspiraciones de los diversos sectores sociales y juntos elaboremos el verdadero proyecto de cambio que anhelamos los pueblos.
Por la Directiva Nacional del Frente Popular.-
Magdalena Vélez Torres Gualberto Alcívar
PRESIDENTA NACIONAL COORDINADOR
Quito-Ecuador, 1/oct./010.
PORQUE LA REVOLUCION ES NUESTRA Y NO DE UN PRESIDENTE
