El Ecuador vive un momento de crisis política en el que las contradicciones de clase se agudizan y la confrontación entre las posiciones revolucionarias y reformistas toma cada vez más fuerza.
El gobierno de Rafael Correa continúa el proceso de derechización que se expresa en el contenido neoliberal de su política, en el marcado autoritarismo con el que actúa, en los nexos que mantiene con sectores de la burguesía y en el acercamiento al gobierno de los Estados Unidos. La preocupación gubernamental por atender a los sectores populares no rebasa la ejecución de programas asistenciales de corte populista con fines electorales.
Las organizaciones populares, políticas de izquierda y distintos sectores sociales que aseguraronla victoria electoral de Correa se han convertido en blanco de su ataque, mientras los poderosos grupos económicos se sienten contentos con un gobierno que les garantiza “estabilidad en el país” para que sus empresas y bancos sigan obteniendo enormes utilidades a costa de la explotación a millones de trabajadores.
Debido a ello, la movilización social ha crecido en los últimos tiempos, particularmente a propósito del contenido antipopular de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en unos casos, o, en otros, por vetos presidenciales que han eliminado las pocas conquistas filtradas en la Asamblea. Los empleados públicos, los maestros, los distintos estamentos universitarios, los jubilados, las enfermeras, etc. no se han movilizado en el país para conspirar contra nadie, sino para demostrar su descontento y exigir que se respecten sus derechos, para garantizar estabilidad en sus puestos de trabajo, para tener educación gratuita o para alcanzar jubilaciones justas.
En medio de ese descontento general se produjo la revuelta policial del 30 de septiembre que no pedía más que el respeto a algunas conquistas como bonos o reconocimientos materiales en sus ascensos. Los manifestantes en su más radical exigencia demandaron un cambio en la cúpula policial, pero en ningún momento promovieron o pidieron la salida de Correa del gobierno, por ende no fraguaron un golpe de Estado como el gobierno dice.
El intento de un golpe de Estado, el secuestro a Correa y la existencia de un plan para matar al Presidente son acciones que existen solo en la cabeza del Presidente de la República y de sus más cercanos colaboradores.
Difundieron aquello para desprestigiar la protesta de la tropa policial, para impedir que nuestro pueblo la respalde y para justificar la represión que se ejecutó ese día y que sigue en marcha.
La justa protesta no hubiera tenido el fatal desenlace producido si Correa no asistía al Regimiento Quito para provocar a los policías alzados y luego victimizarse, artimaña en la que insiste al decir que existía el propósito de asesinarlo.
Al pasar de los días las cosas se van aclarando y el cuento del golpe de Estado pierde credibilidad. ¿Si fallaron los aparatos de inteligencia y seguridad, por qué no destituye a los ministros del Interior y de Seguridad Interna, responsables de aquello? Nadie duda que aquí, y en cualquier país latinoamericano, no es posible un golpe de Estado sin el visto bueno y la intervención del imperialismo, entonces ¿Por qué el canciller Patiño se apresuró en decir que nada tiene que ver los EEUU en este supuesto golpe de Estado? ¿Por qué Correa no acusa de ello al imperialismo? En otro aspecto, ¿Cómo es posible que un secuestrado tenga libertad para recibir visitas de sus allegados, para hacer declaraciones públicas y para dar órdenes administrativas? ¿Con qué propósito se organizó el “rescate” del presidente como un espectáculo transmitido en pantalla gigante ante los pocos partidarios que se encontraban en la Plaza de la Independencia? ¿Eso era parte de la trama victimizadora?
La Juventud Revolucionaria del Ecuador expresó su apoyo a la protesta de la tropa de la Policía porque sus reivindicaciones eran justas, así como apoyamos las luchas de todos los sectores populares que pelean por mejores condiciones de vida. En esa acción no estaba en juego o en peligro el gobierno de Rafael Correa o el régimen constitucional en general. No perdemos de vista que la Policía y el Ejército, como instituciones, son pilares fundamentales para defender el Estado capitalista y como tales han sido utilizadas por este mismo gobierno para reprimir la lucha popular, pero no es menos cierto que en su interior también se manifiestan las contradicciones presentes en la sociedad ecuatoriana, pues, la tropa está constituida por elementos provenientes de familias de campesinos, de trabajadores, de pequeños comerciantes, artesanos, etc. que sienten la opresión y maltrato de sus mandos, las diferencias existentes en su interior, los privilegios de quienes tienen los más altos grados. Por eso no es raro que el descontento aflore como ocurrió el pasado día 30 de septiembre y, en esas circunstancias, para los revolucionarios es una obligación tomar posición y actuar.
Apoyamos el reclamo y el descontento de la tropa, no a la Policía como tal. Como revolucionarios somos luchadores por la democracia, por eso combatimos al gobierno cuando viola el contenido democrático de la Constitución aprobada en Montecristi. Mas, la democracia no se encarna en un gobierno, se expresa cuando el pueblo tiene derecho a opinar, a protestar, a resistir y eso es conculcado por este gobierno en todo momento. No basta hablar de democracia, hay que permitir que esta se exprese en todo momento.
Secretariado Nacional JRE
3 de octubre de 2010
