La prensa ha reportado pronunciamientos provenientes de los gobiernos cubano, venezolano y boliviano en respaldo a Correa y la condena al intento golpista, pero, junto a ello, se ha dicho que Washington estuvo detrás de la sublevación, porque ha decidido desempolvar “el viejo expediente de los golpes de Estado”; han opinado que la acción en Ecuador no ha sido organizada sin la participación del gobierno de Estados Unidos. Otros han ido más allá al hacer una mecánica comparación de los hechos ocurridos en Ecuador con el golpe propiciado en contra de Zelaya, en Honduras.
Se ha dicho también que la CIA y la USAID habrían financiado al movimiento golpista; y, no es que estas prácticas de franca injerencia externa y afectación a la soberanía sean extrañas a los métodos de dominación del imperialismo norteamericano, sino que en el caso que nos ocupa no hay sustento primero porque los hechos ocurridos en ningún momento tenían la proyección política de un movimiento golpista, nunca se erigió el liderazgo de alguien; obedecieron a inconformidades materiales acumuladas de los elementos de la tropa policial, cuya cúpula no supo canalizarlas para encontrar solución; inconformidades que se desbordaron a propósito de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Servicio Público, por ello, sus máximas demandas fueron mantener los beneficios que habían sido derogados y la renuncia de la cúpula policial por no haber defendido a la Institución. Segundo porque desde algún tiempo atrás hay un sistemático acercamiento de Correa al gobierno de Obama.
Frescas están en la memoria de los ecuatorianos las expresiones de satisfacción en las esferas oficiales por la visita de Hilary Clinton como preludio para una cumbre bilateral entre Correa y Obama; también recordamos que en esa ocasión el gobernante ecuatoriano pronunció la tristemente célebre frase en el sentido de que su gobierno no era ni anticapitalista ni antiimperialista y, más allá de este testimonio de afinidad, está el contenido neoliberal de las leyes con las que se desnaturaliza el carácter progresista y democrático de la nueva Constitución vigente.
Entre los criterios vertidos se opina que Estados Unidos no podrá olvidar la negativa del gobierno de Correa a renovar el convenio para el uso de la Base de Manta, la auditoría de la deuda externa, la incorporación al ALBA, sin embargo, tampoco dejará de reconocer y estar satisfecho con el papel jugado por los militares ecuatorianos desplazados a lo largo de la frontera, en el marco de la aplicación del Plan Colombia, para propinar severos golpes a las fuerzas insurgentes, en cumplimiento fiel de la táctica prevista denominada yunque y martillo; el gobierno de EEUU no tiene de qué quejarse si Correa luego de declarar que la deuda externa es ilegal, ilegítima y corrupta, ha negociado, de manera disciplinada, su pago.
Por lo señalado, la lógica no admite que la política intervencionista y de dominación regional que implementa el gobierno yanqui tenga como objetivo auspiciar el derrocamiento de alguien que se le muestra cada vez más complaciente.