Tomado de Ecuadorinmediato.comSiempre hubo indicios que al Ecuador lo endeudaron, de que los acreedores de deuda presionaban para que se les siga pagando y que hubo gobiernos, cada uno en su grado, con responsabilidad o que favorecieron ese endeudamiento. Alejandro Olmos, miembro de la comisión que investiga el endeudamiento público da luces de cómo la deuda externa, al menos en un tramo pudo prescribir, pero en el Gobierno de Sixto Durán Ballén se la reactivó por seis años más, gracias a los abogados de los acreedores que incluso lograron a estar en el Ministerio de Economía.
Olmos reveló que un primer punto es que la deuda de Ecuador se origina en la dictadura del triunvirato: de Poveda Burbano, Durán Arcentales y Leoro Franco; ahí hay un endeudamiento agresivo que después no se puede pagar; de ahí viene la famosa estatización de la deuda privada y llega Oswaldo Hurtado, quien realiza el primer contrato Elera 83; con acuerdo del Fondo no se puede cumplir, se vuelve renegociar y se suscribe el Elera 84 además de una serie de convenios complementarios de dinero fresco que nunca llegaba al país sino que se utilizaba para pagar este reciclaje de la deuda.
Después viene el Mira 85 que firma León Febres Cordero con otros convenios complementarios; el Ecuador deja de pagar la deuda en el 86 y de acuerdo con el estatuto de limitaciones de la Corte de Nueva York, esa deuda prescribía de pleno derecho en el año 1992.
Como los acreedores no habían iniciado acciones judiciales, en el 92 al Ecuador le resultaba inexigible una deuda de 7 000 millones de dólares, pero los abogados de los acreedores amenazan al Ecuador.
Existe un memorándum del Banco Central diciendo que si el país no firma determinados documentos van a inundar de demandas al Ecuador, cosa que no era demasiado probable porque la iniciación de acciones judiciales necesita de una serie de elementos muy concretos.
“Y como resultado de la amenaza -también dudo a lo mejor si ese documento fue fabricado para justificar lo que se hizo- en cuatro días, desde el 5 de diciembre al 9 de diciembre de 1992, en actos de celeridad notable hay dictámenes de la Junta Bancaria, del Banco Central del
Ecuador, resolución del ministro de Finanzas encargado Sebastián Pérez Arteta, miembro del estudio de abogados Pérez Bustamante Pérez, que son abogados de los acreedores, decreto del Presidente de la República Sixto Durán y finalmente el 9 de diciembre, Ana Lucía Armijos, gerente del Banco Central del Ecuador y Mario Rivadeneira Traversari, ministro de Finanzas, firman en Nueva York una declaración unilateral”.
En ella el Ecuador renuncia a los derechos soberanos del país, a la prescripción de la deuda y actualizando esa deuda vencida o parte a vencerse, actualizándola por otros 6 años más y permitiendo “el fraude del Plan Brady”, no se dejó que prescriba la deuda.
Explicó que Mario Rivadeneira, el ministro titular, firmó en Nueva York ese convenio pero con una particularidad porque además fue tal el apuro, dijo Olmos, “porque acá el problema es que yo creo, a través de las cosas que hemos visto, que se hacían las cosas y después habían que firmar los papeles para convalidarlas”.
Uno de los ejemplos claros es que esta declaración unilateral que se firma, una de las firmantes es la señora Miriam Mantilla, que era cónsul del Ecuador en Nueva York, ella firma en representación de 14 entidades del sector público ecuatoriano, por ejemplo Petroecuador, Municipio de Quito, Ambato, Empresas de Electricidad, etc., pero cuando lo firma no tenía facultades legales para hacerlo porque los poderes que le dieron las 14 empresas fueron emitidos 5 y 8 días después de la firma del convenio.
“Además no tenía personería para actuar, cuando pido los poderes a la Procuraduría del Estado porque había la posibilidad en el derecho administrativo donde se pueden cometer errores subsanables, entonces pensé que estas empresas le dieron el poder después, pero en el poder ratificaban lo actuado y subsanaban el error; sin embargo en esos poderes se le da poder para que actúe desde la emisión del poder y no la ratifican en nada de lo que se haya hecho, inclusive el Presidente Durán emite una autorización para que esta señora firme recién 20 días después de firmado ese instrumento”.
De esta manera se genera un perjuicio de 7 000 millones de dólares para el Ecuador en el año1992.
Pero hay más: el Congreso de ese entonces hace una acción a través de una comisión presidida por el demócrata popular Ramiro Rivera Larrea, quien manda al Procurador,un oficio para que le diga que si efectivamente, cuando se firmaron esos convenios, la representantes de las entidades ecuatorianas estaba autorizada.
El Procurador de ese entonces, Carlos Larreátegui Mendieta, informa que sí estaban autorizados y acompaña los poderes que demuestran la autorización. “Pero yo cuando vi el documento no lo podía creer: Larreátegui dice que estaban autorizadas y los poderes que manda tiene una fecha posterior a la firma del convenio, por supuesto reciben eso en el Congreso lo guardan y hasta luego”.
Ahora se estudia la manera en que se pueda castigar estas irregularidades, la Fiscalía investiga si se puede tipificar el delito de fraude ideológico, entre otros delitos que se pudieron haber dado.
