Hay que tener un estómago fuerte para aguantar lo que está sucediendo en Italia en materia migratoria. Por suerte, los activistas de los centros sociales y de asociaciones que desde hace años trabajan el tema, están acostumbrados a enfrentarse a situaciones límite. Y continúan su labor desde abajo, en el día a día, ahora y desde este verano enfrentándose a una política de tolerancia cero contra los migrantes sin precedentes en Italia y Europa.En pocas semanas, el Gobierno de Berlusconi ha votado tres medidas que la propia UE ha criticado con dureza : el establecimiento del crimen de clandestinidad, la toma de las huellas digitales a las personas del pueblo rom (de origen gitano) y la declaración del estado de emergencia en todo el territorio nacional, lo que ha generado el despliegue del Ejército en las calles de las ciudades con la excusa del aumento de la llegada de migrantes sin papeles a las costas de la península. Se trata de hechos graves, pero lo que más preocupa no son las medidas en sí mismas sino la falta de reacción de la sociedad civil. Hasta el momento, sólo una exigua minoría social se ha posicionado activamente en contra.
Nápoles
Nada ilustra mejor esta situación que dos hechos que ocurrieron en Nápoles este verano. En el primero, 93 migrantes fueron desalojados de la parcela en la que vivían tras un incendio y la vecindad del nuevo barrio al que el Ayuntamiento pretendía trasladarlos se opuso a su llegada con barricadas [ver recuadro]. En el segundo, vecinos de un barrio periférico de la ciudad trataron en junio de prender fuego a una comunidad rom, aunque se especula que detrás se hallaba el interés de la Camorra, que quería disponer del terreno como base de alguno de sus negocios.
Además de la Camorra, es cada vez más evidente que detrás de la política de puño de hierro contra los migrantes se encuentran los empresarios de la construcción, el sector donde trabajan más migrantes ilegales : son los que tiene el mayor interés de que estos trabajadores sigan clandestinos, es decir, cada vez menos protegidos y más asustados. Para dar visibilidad a esta situación es necesario comenzar a moverse, según la Coordinadora de Migrantes de Verona, una de las ciudades a la vanguardia de la represión de tinte racista, pero también en la respuesta de los movimientos de migrantes y de italianos en defensa de los derechos de los primeros. Una idea que flota hace tiempo en las asambleas públicas, y que se va a concretar este otoño, es una huelga general de los trabajadores extranjeros. La huelga será lanzada en toda la región del Véneto (donde se encuentra Verona), y probablemente le seguirá Emilia Romaña, otra región símbolo de la lucha migrante. Sus promotores consideran que aún es demasiado pronto para hacer algo a escala nacional y tienen la esperanza de que un buen resultado de movilización en el norte pueda crear un efecto dominó en toda la península.
También caben preguntas sobre el rol que tendrá en esta campaña Rifondazione Comunista, el mayor partido de la recientemente bautizada Sinistra Arcobaleno (“Izquierda Arco Iris”), que en las elecciones del pasado mes de abril salió del Parlamento al no haber alcanzado el 5% de los votos. La formación, al término de su congreso más difícil, acaba de elegir nuevo secretario, Paolo Ferrero, cuya línea defiende la ruptura con el Partido Democrático de Walter Veltroni, y un nuevo acercamiento a los movimientos y en general a la sociedad “desde abajo”.
El verano ha sido un período de reflexión y reorganización no sólo para Rifondazione sino para toda la izquierda social y política. Movimientos y sindicatos de base han confluido en distintos encuentros antirracistas y movilizaciones locales en Toscana, Venecia, Sicilia y en la Universidad de Roma. Para todos ellos, la clave se encuentra en que es el racismo, y no la inmigración, la verdadera causa de la inseguridad. Nadie duda de que la temporada política que ahora comienza tendrá como foco privilegiado de acción los derechos de las personas migrantes.
93 migrantes son desalojados en Nápoles
A finales de julio, 93 migrantes –cuya mayoría tenía permiso regular o había solicitado el estatus de refugiado– sufrieron un incendio en la parcela en que vivían y tuvieron que ser desalojados. El Ayuntamiento propuso reubicarlos en una vieja escuela del Quartieri Spagnoli, un barrio céntrico de la ciudad. Su traslado nunca se llevó a cabo : decenas de personas los esperaron con barricadas para rechazar su llegada y protestar contra la Administración. A nadie se le ocurrió otra opción y las familias (con 20 niños de entre uno y ocho años) tuvieron que dormir en la calle. Al día siguiente, la Red Antirracista Napolitana, el Colectivo Operatori Sociali, el Comité de Inmigrantes de Italia, el Laboratorio Insurgencia y el sindicato de base RDB se organizaron con los 93 para ocupar la catedral de la ciudad. El arzobispo de Nápoles, Sepe, afirmó que quería proteger a las familias pero poco después solicitó la intervención de la policía, que llegó a desalojar violentamente la ocupación. El Centro Social Insurgencia sostiene que la represión tenía como objetivo golpear directa y únicamente a los extranjeros, ya que la policía se limitó a empujar a los solidarios italianos para que no les estorbaran. Clara señal de que poco les importa que los medios les muestren violentos si las víctimas de la paliza no son italianos.
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