Por: Guido Proaño A. | Opción
La incertidumbre política precedió al informe que el Presidente Rafael Correa presentó el 10 de agosto ante la Asamblea Nacional. En ese recinto, y en general en las esferas políticas, días antes se rumoraba que la ocasión sería aprovechada por el presidente para ejecutar la denominada “muerte cruzada” varias veces anunciada y calificada por la oposición como mecanismo de chantaje, principalmente en contra de los asambleístas gobiernistas que, en términos populares, se encuentran culipandeando.
A este cuarto informe anual el régimen llega en condiciones distintas a los anteriores, cuando contaba con un mayoritario y cerrado apoyo de la población y desde la izquierda sus errores eran objeto de crítica con la expectativa de que sean corregidos. Ahora, como respuesta a la derechización del gobierno, las izquierdas y los movimientos sociales denuncian y confrontan el abandono gubernamental al proyecto de cambio que mereció su respaldo en las dos elecciones presidenciales pasadas. En sus respectivos y naturales andariveles llevan adelante trascendentes procesos unitarios: por un lado se ha estructurado la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, y, por otro, los movimientos sociales que un día antes al informe presidencial realizaron el Encuentro por la Democracia y por la Vida (parte de sus esfuerzos encaminados a dar forma a una instancia de unidad) que en sus conclusiones pone énfasis en la necesidad de organizar la movilización popular para hacer retroceder la política antipopular del gobierno.
Pero además hay otro elemento que define el contexto político en el que Correa presentó su informe y cumple un papel determinante para que el presidente haya optado por referirse exclusivamente a cuatro elementos que, a su juicio, son los más importantes, pero, en realidad, son su talón de Aquiles: la libertad de expresión, su ego, los sucesos del 30 de septiembre y los resultados del 7 de mayo. Nos referimos a la pérdida de credibilidad y a la disminución del apoyo popular al gobierno. Así hablan los resultados de la consulta del pasado 7 de mayo, en la que el correismo apenas pudo conseguir el voto afirmativo de 4 de cada 10 ecuatorianos, y la opinión de más del 70% de ciudadanos que muestran su desacuerdo con la acción judicial llevada en contra del diario El Universo, sea por considerarla como expresión de autoritarismo e intolerancia o como manifestación del control que el ejecutivo ya tiene en la función judicial.
Hay preocupación en el gobierno, se evidencia. Sobre todo porque hay muchos indicadores que muestran que el descontento popular crece y las fuerzas que en realidad pueden ejercer una oposición de masas se unifican, y lo hacen bajo una propuesta política programática claramente de izquierda. Por otro lado, el correismo mira cómo su contingente se desgrana.
