Tomado de En MarchaLa imagen de un gobernante democrático proyectada por el presidente paraguayo Fernando Lugo se desdibuja de manera rápida para mostrar a un jefe de Estado que hace pactos con la derecha, aplica políticas de índole neoliberal y se apoya en la represión para ejecutar su política.
Hace pocos días declaró el Estado de excepción en cinco departamentos de ese país para enfrentar la supuesta irrupción de un grupo guerrillero, el Ejército del Pueblo Paraguayo EPP, que por versiones del mismo gobierno y de los aparatos policiales estaría constituido por no más de cien personas y apenas veinte de ellas serían operativas. ¿A quién y en qué país del mundo se le puede ocurrir declarar el estado de excepción por acción de una fuerza tan pequeña? Bueno, ahora al ex obispo Lugo.
De acuerdo a varios analistas de ese país, esa medida “constituye uno de los más graves retrocesos en las conquistas democráticas del pueblo después de la caída de la dictadura en febrero de 1989”, pues, afecta directamente a las libertades ciudadanas individuales y de las organizaciones sociales y políticas democráticas.
La Constitución paraguaya establece en su artículo 228 que el Estado de excepción sólo es aplicable “en caso de conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella”. La justificación del gobierno para aplicar tal medida en nada está en correspondencia con este requerimiento constitucional.
El propósito central del estado de excepción es actuar en contra de las organizaciones populares y políticas de izquierda que se sienten descontentas con la labor del gobierno, al que lo han denunciado como entregado a las clases dominantes e inclusive que ha llegado a acuerdos político-militares con Álvaro Uribe en el marco del Plan Colombia. Lo califican también como una cortina de humo lanzada sobre la corrupción que campea en el régimen. Varias organizaciones como la Federación Nacional Campesina (FNC), la mayor agrupación de trabajadores rurales del país, la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), el Partido de los Trabajadores (PT), el Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahürã MPR-PP y el Partido Patria Libre (PPL), entre otras, han expresado su total rechazo a esa medida represiva.
Para José Rodríguez, Secretario General de Patria Libre, “la medida del gobierno de Lugo es coherente con sus políticas neoliberales represivas y la permanente violación de las garantías Constitucionales de las personas y nosotros en las bases organizadas del movimiento popular no vamos a acatar una medida inconstitucional propia de una dictadura militar.” En un comunicado público de la misma organización, el PPL asevera que “los más claros ejemplos... de su vocación derechista y autoritaria (del gobierno de Lugo) y de criminalización de la lucha social fueron las salvajes represiones al Frente Social frente al Ministerio Público, a los compañeros de la Federación Nacional Campesina (FNC) en Caaguazú que fueron torturados por fuerzas policiales en plazas públicas, a más de las decenas de denuncias de secuestro y tortura a dirigentes y militantes sociales y el asesinato de más de 10 campesinos bajo el actual gobierno, hechos que como en los gobiernos anteriores quedan en la total impunidad”.
A Lugo no solo le afectan los juicios por paternidad irresponsable, hay el reclamo de todo un pueblo que se siente engañado, porque los problemas estructurales de Paraguay no han sido resueltos ni hay indicios de querer hacerlo. Para muestra unos pocos datos: el 40% de la población está en la pobreza (la mitad de estos en la indigencia) y el 50% de las personas en condiciones de trabajar están desempleadas o subempleadas, los latifundios ocupan el 70% de las tierras agrícolas (mientras el 25% de los campesinos vive en la indigencia) y la brecha social entre ricos y pobres es una de las más grandes de Latinoamérica.
