Marcelo Rivera lleva seis meses de prisión. Su encarcelamiento obedece a motivos políticos y eso está claro en varios elementos presentes o que han girado alrededor de su juicio.
Cuando el día 8 de diciembre en la Policía Judicial se realizó la Audiencia de Flagrancia, la Fiscal que conoció el caso señaló que Marcelo “agredió al rector y que esto provoca un acto de conmoción nacional”, por lo que “niega la sustitución de las medidas cautelares”, dicta prisión preventiva y abre el proceso de instrucción fiscal con la acusación de terrorismo organizado tipificado en el art. 160 del Código Penal ecuatoriano.
De acuerdo a las normas del procedimiento penal cuando el abogado defensor presenta los documentos necesarios demostrando el arraigo social, familiar y laboral es suficiente para dictar cualquier medida cautelar, excepto la prisión preventiva, lo que no fue tomado en cuenta por el fiscal, no obstante el abogado de Marcelo presentó los documentos respectivos. Primera gran ilegalidad que no responde al desconocimiento del Fiscal, sino al cumplimiento de órdenes superiores.
Todo el país pudo conocer, por videos varias veces emitidos por canales de televisión, que Marcelo Rivera nunca agredió al rector de la Universidad Central, que inclusive ni siquiera coincidieron juntos en la sala de Consejo Universitario, material que fue presentado como prueba de descargo a la acusación. Sin embargo de ello, y de otros testimonios presentados y de elementos que mostraban la nulidad del proceso, la Dra. Nohemí Santillán, Jueza del Juzgado Décimo de Garantía Penales y el Dr. Patricio Navarrete (que reemplazó al titular Dr. Hernán Del Pozo), que en menos de cinco días “estudió” los 14 cuerpos que hasta ese momento existían sobre el Caso de Marcelo, calificaron el proceso, modificando la acusación de “terrorismo organizado” por la de “agresión terrorista a funcionario público”, dejando a Marcelo en estado de indefensión ya que durante la instrucción fiscal se presentaron las pruebas para descargar el delito por el que se le inició la investigación. Es decir, se cometió una nueva ilegalidad.
Las evidencias contundentes no han servido en absoluto para jueces y fiscales que responden a las órdenes de Rafael Correa que, públicamente, en uno de sus monólogos sabatinos pidió el encarcelamiento de Marcelo y que el pasado fin de semana (29 de amyo) cínicamente insistió que Marcelo Rivera agredió al rector Samaniego. ¡Cínico!
Marcelo Rivera es un preso político. Como generalmente ocurre, los presos políticos son calificados por los gobiernos como “terroristas” o “subversivos”. A Marcelo se le ha inventado un cargo criminal, y su condición de preso político se la quiere envolver con un juicio bajo el Código Penal que, según muchos juristas, tiene una gran influencia de su similar utilizado por Benito Mussolini, en la época del fascismo italiano.
