Tomado de: Daniel Lozano. Público, Madrid. Aporrea.Org - www.aporrea.org
La represión contra los magistrados hondureños que se han negado a procesar a miembros de la Resistencia contra los golpistas que derrocaron al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009 ha provocado una ola de protestas en el país centroamericano. Las consecuencias de la destitución de Zelaya aún persiguen a las autoridades hondureñas. Se ha vetado la presencia del nuevo presidente, Porfirio Lobo, en la cumbre entre la Unión Europea y América Latina la semana que viene en Madrid. La Comisión de la Verdad, que se acaba de establecer para esclarecer eventos que rodeaban el golpe, es rechazada por la Resistencia, que ha propuesto una comisión alternativa.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) despidió el pasado 6 de mayo a cinco miembros de la asociación Jueces por la Democracia de San Pedro Sula con el argumento de que habían participado en manifestaciones contra el golpe y a favor del orden constitucional.
Los jueces Guillermo López Lone, Ramón Barrientos, Luis Alonso Chévez, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osmán Fajardo fueron represaliados "por motivos políticos", según denuncia Amnistía Internacional que exige su inmediata restitución.
Los magistrados despedidos hicieron público desde el primer momento su desacuerdo con el golpe que derrocó a Zelaya, incluso por escrito a sus superiores jerárquicos. Pero lo más importante es que el llamado Grupo de los Cinco, apoyado por otros funcionarios de la Justicia y por el Frente de Abogados contra el Golpe, consiguió que ningún miembro de la Resistencia fuera procesado en esa zona del país. La policía detenía a los opositores, los abogados presentaban sus habeas corpus y los jueces decretaban la libertad de los acusados. En cambio, en el resto del país se ha procesado a 150 miembros de la Resistencia.
"Nosotros hemos sido un colectivo de jueces muy independientes, críticos con la falta de independencia y las influencias políticas en el seno de la CSJ", dijo a Público el juez despedido López Lone, presidente de Jueces por la Democracia. "Nuestro posicionamiento fue antigolpista, frente al discurso de la sucesión constitucional impuesto por la CSJ".
Desde la cúpula de la CSJ, en unos mensajes enviados por la jefa de personal, Sandra Rivera, se obligaba a los funcionarios a participar en las marchas a favor del golpe. Amnistía ha denunciado que los jueces y funcionarios judiciales que participaron en estas manifestaciones de los golpistas, en cambio, "no se enfrentan a procesos similares. El sistema judicial está seriamente dañado debido al acoso por motivos políticos".
Las medidas "contra nosotros contradicen el discurso de reconciliación del presidente Lobo", reflexiona López Lone. "Se demuestra que no hay voluntad de cambio. El sector progolpe se está consolidando en los estratos del Estado". La votación que culminó con el despido de los cinco jueces desnuda las vergüenzas golpistas de la CSJ. El resultado, diez votos a favor y cinco en contra, demuestra que el núcleo duro sigue ostentando la mayoría. Sólo el Parlamento, que los eligió, los puede destituir.
Algo improbable, ya que al menos la mitad de los diputados elegidos en las elecciones de diciembre pasado son afines a los golpistas. Los mismos que a toda prisa aprobaron el decreto de amnistía para los delitos cometidos después del golpe. Un decreto que hace aguas. "El Estado no puede negar que tenemos a más de 100 procesados a los que no se ha aplicado la amnistía", explica Nectalí Rodezno, líder del Frente de Abogados contra el Golpe. "Sus causas deberían ser cerradas de oficio. Pero ni el presidente de la CSJ ni el fiscal lo quieren hacer".
El Grupo de los Cinco, apoyado por muchos colectivos, impugnará sus despidos. "Sabemos que no prosperará. Depende de otro órgano de la CSJ", se quejó López Lone. "Después, demandaremos al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y contamos con un precedente en Perú, que ordenó la restitución de los jueces despedidos en un caso similar". La Comisión Interamericana, que ha incluido a Honduras en la lista negra de violadores de los derechos humanos, inicia hoy su visita a Tegucigalpa.
Un derrocamiento que se ha cobrado muchas vidas
161 muertos
Desde el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya en junio pasado, se han registrado en Honduras 161 muertos calificados de “extralegales” por el informe que el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos ha entregado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Toque de queda
De las muertes, 105 se produjeron durante los toques de queda. Las víctimas se encontraron en las calles. En este grupo también se contabilizan las muertes por persecuciones selectivas y durante las manifestaciones.
Maestros y campesinos
Entre las víctimas de homicidio se encuentran 14 maestros, 16 militantes de movimientos sociales, cuatro sindicalistas y seis campesinos rebeldes.
Secuestros y torturas
Cuatro miembros de la Resistencia y periodistas han sido secuestrados y sometidos a interrogatorios y torturas.
