Los 19 ex trabajadores de la Eléctrica de Guayaquil que el año pasado fueron despedidos tras la protesta que protagonizaron ante el mandatario Rafael Correa, obtuvieron una victoria judicial.
El fiscal segundo de la Unidad de Delitos Misceláneos del Guayas, Andrés Villegas, solicitó a la Justicia que archive la denuncia de sabotaje que la empresa interpuso contra ellos.
En el informe de indagación previa, el fiscal concluyó que no existen elementos que justifiquen que los manifestantes “hayan sido movidos por el propósito de causar conmoción pública o alarma colectiva”, indica el oficio con fecha 29 de marzo del 2010.
El gerente general de la Eléctrica de Guayaquil, Óscar Armijos, presentó una denuncia de sabotaje a los servicios públicos contra los 19 empleados que el 18 de noviembre del 2009 reclamaban afuera de la entidad por el decreto que volvió pública a esa empresa.
Armijos los acusó de paralizar los servicios, y pidió a la Fiscalía la pena máxima contra ellos, es decir, doce años de reclusión.
La protesta coincidió con la visita que el Jefe de Estado hizo a la compañía, por lo que en la documentación Armijos manifestó, además, que se atentó contra la majestad y dignidad del cargo del Presidente.
De forma paralela pidió a la Inspectoría de Trabajo la separación de esos empleados alegando falta de probidad y conducta inmoral, como estipula el art. 172 del Código laboral.
Pero en su investigación, el fiscal Villegas concluyó que los 19 empleados se encontraban en la protesta en solidaridad con los jubilados que estaban en huelga de hambre, para velar por la seguridad de sus parientes en huelga de hambre, o para manifestar su inconformidad con las reformas laborales.
Dispuso la desestimación de la denuncia de Armijos, “toda vez que los hechos supuestamente acaecidos no se sumen al delito de sabotaje”.
Los imputados recibieron con beneplácito la solicitud de archivo que hizo el fiscal, afirmó Kléber Alvarado, uno de los separados y asesor de la Asociación de Empleados de la que fuera Emelec (ahora llamada Eléctrica de Guayaquil).
Alvarado expresó que los 19 acusados buscan ahora ser reintegrados a sus puestos y que por ello ya iniciaron conversaciones con el régimen.
El fiscal segundo de la Unidad de Delitos Misceláneos del Guayas, Andrés Villegas, solicitó a la Justicia que archive la denuncia de sabotaje que la empresa interpuso contra ellos.
En el informe de indagación previa, el fiscal concluyó que no existen elementos que justifiquen que los manifestantes “hayan sido movidos por el propósito de causar conmoción pública o alarma colectiva”, indica el oficio con fecha 29 de marzo del 2010.
El gerente general de la Eléctrica de Guayaquil, Óscar Armijos, presentó una denuncia de sabotaje a los servicios públicos contra los 19 empleados que el 18 de noviembre del 2009 reclamaban afuera de la entidad por el decreto que volvió pública a esa empresa.
Armijos los acusó de paralizar los servicios, y pidió a la Fiscalía la pena máxima contra ellos, es decir, doce años de reclusión.
La protesta coincidió con la visita que el Jefe de Estado hizo a la compañía, por lo que en la documentación Armijos manifestó, además, que se atentó contra la majestad y dignidad del cargo del Presidente.
De forma paralela pidió a la Inspectoría de Trabajo la separación de esos empleados alegando falta de probidad y conducta inmoral, como estipula el art. 172 del Código laboral.
Pero en su investigación, el fiscal Villegas concluyó que los 19 empleados se encontraban en la protesta en solidaridad con los jubilados que estaban en huelga de hambre, para velar por la seguridad de sus parientes en huelga de hambre, o para manifestar su inconformidad con las reformas laborales.
Dispuso la desestimación de la denuncia de Armijos, “toda vez que los hechos supuestamente acaecidos no se sumen al delito de sabotaje”.
Los imputados recibieron con beneplácito la solicitud de archivo que hizo el fiscal, afirmó Kléber Alvarado, uno de los separados y asesor de la Asociación de Empleados de la que fuera Emelec (ahora llamada Eléctrica de Guayaquil).
Alvarado expresó que los 19 acusados buscan ahora ser reintegrados a sus puestos y que por ello ya iniciaron conversaciones con el régimen.
